EL 29 y 30 NOS CONCENTRAMOS FRENTE AL CONGRESO NACIONAL POR LA LEY DE GLACIARES
VIGILIA POR LOS GLACIARES
Velamos para que la Comisión de Ambiente, el martes 28 de septiembre dictamine en favor del Proyecto de Ley con media sanción en diputados. Además el lunes vamos a darles mas detalles de la movilización: horarios y lugar de concentración.
- pintadas en todos los distritos, para que el conflicto llegue a la provincia de Buenos Aires, como reclaman las Asambleas, para que tenga mayor fuerza. la consigna:
NO A LA MEGA MINERIA
"EL AGUA VALE MAS QUE EL ORO".
PROYECTO SUR.
- presencia de los compañeros en la vigilia convocada por las organizaciones.
Compañeros es una buena oportunidad para sumarnos a las organizaciones que viene luchando CONTRA EL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS Y EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, pongamos nuestros esfuerzos en esta actividad que es de suma importancia.
Mesa Pcial Proyecto Sur
lunes, 27 de septiembre de 2010
El grito del capanga va resonando
Proyecto Sur San Miguel acompaña en la lucha a los trabajadores Municipales
CONFLICTO DE MUNICIPALES DE SAN MIGUEL
El Sindicato se encontraba en conflicto con el Municipio de San Miguel, en el mes de junio y julio, reclamando el blanqueo de las cifras en negro y el pase a Planta Permanente de los trabajadores flexibilizados.
El lunes 26 de Julio, en un nuevo aniversario del pase a la inmortalidad de la abanderada de los humildes y en el medio de las tratativas con el Ejecutivo Municipal el Intendente Joaquín De
Una vez despedidos dos de los principales referentes de los precarizados, Héctor Villegas y David Lucena, volvieron a su anterior actividad: cartonear para sobrevivir.
Los compañeros despedidos provienen de un origen muy humilde. Quedar en la calle significa volver a la marginalidad social. Casi todos son padres de familia, lo que agrava su situación social. Todos son excelentes trabajadores, tal cual lo ha demostrado su comportamiento laboral desde que ingresaron al municipio. Realizaron todo tipo de trabajos en la comuna de San Miguel y bajo todas las formas de contratación basura durante varios años; el caso de Héctor Villegas es emblemático: tiene 18 años como trabajador municipal precarizado.
El la actualidad existen alrededor de 1.600 trabajadores municipales en negro en la comuna de San Miguel, es decir una gran fuerza laboral convertida en rehén del poder político. Dicho de otra manera: hacés lo que te ordeno, o la opción es la exclusión social a través de la cesantía.
El 27 de Agosto realizamos una gran jornada de lucha de todos los municipales de
Solicitamos la solidaridad de todas las organizaciones sindicales, políticas, sociales, estudiantiles, etc. Para la reincorporación definitiva de estos compañeros castigados por luchar por su Pase a Planta Permanente.
Leonardo Sandoval
CD. Sindicato de Trabajadores Municipales de
San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas
domingo, 22 de agosto de 2010
lunes, 2 de agosto de 2010
VIENEN POR LOS RECURSOS NATURALES I
HAY 25 MILLONES DE HECTÁREAS EN MANOS DE EXTRANJEROS.- POR FVOR TOMEMOS CONCIENCIA, ELLOS VIENEN POR MAS. Mientras los políticos hacen alianzas, se pelean, se aman, se odian…….en nuestro planeta se habrá terminado el agua y nuestra vida con ella.
Se impulsa una ley para regularizar la situación. Mientras el Gobierno mira para otro lado, multimillonarios extranjeros se quedan con lagos, reservas naturales y hasta pueblos. Buenos Aires también está en la mira de empresarios foráneos
Los problemas en la Argentina tienden a repetirse. A diario los medios hablan sobre el crecimiento de los hechos de inseguridad, la falta de empleo, el aumento de la inflación y los tarifazos. Sin embargo, lejos de estos -graves por cierto- problemas cotidianos, crece otro que pone en riesgo el futuro de los recursos naturales y del patrimonio de los argentinos: crece la comercialización de tierras con empresas y particulares extranjeros en todos los rincones del país. Crece, sin freno, un país en venta.
Los diarios más prestigiosos de Estados Unidos ofrecen entre sus avisos clasificados estancias y tierras en el sur del país. Uno de los ejemplos más claros es la oferta de 21 mil hectáreas, con 17 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico en Río Grande, Tierra del Fuego. “Está ubicado en un paraíso fiscal, con beneficios estables y grandes ganancias”, subraya el aviso. Duele por la forma en que se rifan los recursos naturales. Pero duele más porque es real.
En la actualidad hay entre 20 y 25 millones de hectáreas argentinas en manos de extranjeros, y por los terrenos que están actualmente a la venta la cifra podría trepar a los 30 millones en breve.
Los informes suelen dar cuenta de la compra de tierras en la Patagonia, donde además quedan incluidos lagos completos. O pueblos originarios que son incluidos en ventas de territorios en Cuyo o el norte argentino. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tampoco es ajena a este problema. El grupo italiano Paoletti compró en 1994 su primer campo en Coronel Suárez. Actualmente, ya cuenta con 13 mil hectáreas repartidas en las estancias El Cóndor, La Pepita, Santa Rita, San Marcos, San Luis y San Andrés, en Suárez y Coronel Pringles. El “encantamiento” del grupo empresario por el suelo bonaerense no se detuvo allí. De tanto ir a Sierra de la Ventana y alojarse en el Hotel Provincial decidió comprarlo. “Hace rato que invierten en la zona, están diversificados
Muy reservados
Más allá de la diferencia de paisajes y territorios, los extranjeros que llegan al país por una porción de tierra tienen una característica que los une. “Son muy reservados y celosos de su propiedad”, contó un productor rural del sur bonaerense, quien de todos modos aclaró que a los italianos “no se los ve mucho por el campo”. Suelen contratar gente para que se los maneje y trabaje la tierra. El grupo Benetton, famoso por ser uno de los primeros en copar la Patagonia, estuvo involucrado en la compra de tierras dentro de la Provincia. “Se habló en algún momento de Necochea”.
Corrientes Un extraño filántropo que busca agua
Las reservas de agua dulce, uno de los tesoros más preciados por la escasez que se espera de aquí a unos años, parecen ser el principal blanco de los inversionistas extranjeros. Douglas Tompkins, empresario estadounidense es una de las muestras más acabadas de esto. La polémica con este extranjero se generó cuando el por entonces subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, rompió el alambrado y se metió en los terrenos propiedad de Tompkins en la provincia de Corrientes. El empresario amenazó con presentar una denuncia, pues su intención de comprar estancias, que incluía los Esteros del Iberá, una de las principales reservas de agua del país, era con fines filantrópicos.
Lo cierto es que más allá de la imagen de protector del medioambiente que quiso dar a los argentinos en aquel entonces, Tompkins también se apoderó del Acuífero Guaraní, capaz de proveer de agua a 6 mil millones de personas durante varias décadas.
Por otra parte, haciendas San Eugenio es un nuevo nombre de un emprendimiento extranjero en los Esteros del Iberá, en Paraje Yahaveré. Esta nueva denominación suena un poco más agradable que la anterior, Forestal Andina, pero las consecuencias siguen siendo igual de catastróficas. Un fallo histórico de la Suprema Corte obligó a la firma a demoler un terraplén de 24 kilómetros que había decidido construir, avasallando tierras protegidas. No sólo aún se mantiene firme, sino que además las denuncias contra la empresa crecieron: ahora la acusan de robo de tierras en la Reserva Provincial Esteros del Iberá. La organización Salvemos al Iberá reveló “que un sector fiscal de una franja de 1.107,06 hectáreas ubicada sobre la costa de la Laguna Medina” está en posesión de Haciendas San Eugenio.
Patagonia Benetton, precursores de la entrega
Los Benetton, que tienen una fortuna estimada en 1,5 billones de dólares, llegaron a la Argentina a inicios de la década del ‘90, cuando el menemismo comenzaba a aflorar. Luciana, Gilberto, Giuliana y Carlo hoy ostentan más de 900 mil hectáreas, repartidas entre las estancias “Pilcañeu”,
“Alicura”, “Lelequen”, “El Maiten”, “Coronel” y “Cóndor”. Los empresarios textiles elaboran el 10% de su producción de lana en estas tierras. Pero lejos de ser “agradecidos” por las bondades argentinas y las facilidades recibidas durante la etapa más cruda del neoliberalismo, los Benetton impusieron otra marca suya en el país: el autoritarismo.
En principio despidió casi al 50% del personal que trabajaba en sus tierras, en su mayoría peones rurales de la comunidad mapuche. Luego redobló la apuesta: contrató grupos especiales para reducir los derechos básicos de las comunidades mapuches, que quedaron “encerradas” dentro de sus tierras. Más simple: echar a esos “intrusos”.
Río Negro Alambres y pistas de aterrizaje
El multimillonario inglés Joe Lewis es uno de los que más avanzó en los últimos años en la compra de tierras. Lago Escondido es un espejo de agua cristalina en Río Negro. Hoy tiene dueño: el acceso a ese lago forma parte de las 18 mil hectáreas que adquiró Lewis en la zona, lejos del glamour que poseían sus emprendimientos más públicos, como el Hard Rock Café y Planet Hollywood, con socios de la talla de Sylvester Stallone, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger.
Es lógico que esté prohibido por ley que quien compre una belleza natural como Lago Escondido pueda alambrarla y privar a todos los rionegrinos de ese recurso natural. Más lógico aún es que esta gente no respete las leyes: el alambrado alrededor de Lago Escondido se mantiene inmutable, pese a las órdenes judiciales que ordenan quitarlo.
En el otro extremo de esa provincia, Lewis tiene otro de sus refugios en la Argentina, Playas Doradas, un sitio a 30 kilómetros de Sierra Grande. Allí, Lewis tiene otro de sus “orgullos”: una pista de aterrizaje de tamaño casi idéntico a la del aeropuerto internacional de Bariloche. “Es una locura y cuenta con la aprobación de la Fuerza Aérea, o sea del Estado Nacional. En este caso, Lewis también cerró un viejo camino que conduce a un sector que le permite a los “pulperos” obtener su sustento diario con la captura de moluscos. El inglés sólo permite que lleguen hasta su “costa”, más virgen que la de Sierra Grande, caminando por la playa. Son “apenas” 16 kilómetros, lo cual hace imposible que los trabajadores puedan cumplir con su tarea allí.
Neuquén De CNN a Traful
Ted Turner, fundador de la CNN, es reconocido en Estados Unidos por su capacidad de trabajo, su verborragia y por su apodo: “El bocón del sur”, en inglés, claro está.
Este polémico personaje es otro de los que buscó tierras en la Argentina, que visita dos o tres veces por año, con alguno de sus hijos. La estancia “La Primavera”, de 4.400 hectáreas ubicada en Villa Traful, Neuquén, fue su primera adquisición. Y al igual que muchos de sus compatriotas, y extranjeros que se instalan en el país, Turner supuso que con el dinero de la compra ya estaba todo solucionado, todo era de él. Así, no tuvo ningún tapujo en alambrar una buena parte del Río Traful. La voracidad de este empresario de los medios por las riquezas naturales no se detuvo en la tranquilidad del Traful. Luevo, avanzó con otras 8 mil hectáreas, en la estancia “San José”, Río Grande. Y pateó el tablero con las casi 50 mil hectáreas que posee en “Collón Curá”, ubicada entre Confluencia y Junín de los Andes (Neuquén).
Turner es el vicepresidente de AOL Time Warner, compañía nacida de la fusión de dos verdaderos colosos: el gigante americano de internet America Online y el conglomerado de empresas de comunicación Time Warner.
La Rioja y Catamarca Tierra con pueblo incluido
Buscan en los avisos, miran el mapa, sacan el cheque y se quedan con todo. Esa parece ser la forma de operar que tienen los empresarios extranjeros que vienen por la tierra argentina. El holding italiano Nettis Impianti dio muestra de ello a mediados de los ‘90, cuando compró 418 mil hectáreas en La Rioja con un pequeño detalle: “adentro” había un pueblo de 500 habitantes.
Algo similar ocurrió en la pequeña localidad El Recre, perteneciente al departamento de La Paz, en Catamarca. Allí, la empresa norteamericana fabricante de helicópteros compró cerca de 117 mil hectáreas, con 300 familias adentro. En este caso quedó claro la puja y disputa de intereses, cuando surgió el proyecto para expropiar cerca de la mitad y devolverle la tierra a sus propietarios “naturales”, aquellos que vivieron toda la vida allí. Las posturas fueron encontradas, hasta se escuchó a un concejal sostener que el reclamo de la gente era justo, pero no les correspondían más de 10 hectáreas.
Misiones También por la madera
La empresa chilena Alto Paraná concentra actualmente el 6% del territorio misionero. No se instaló allí para tener cerca las magníficas Cataratas de Iguazú, sino que fue en busca de algo más terrenal: la madera. Según organizaciones ecologistas que trabajan allí, la empresa violó tratados en su voracidad por la madera. Y aportaron datos concretos. La empresa habría talado 100 de los 200 metros de selva ubicada a la vera del lago Uruguaí, que deben quedar en pie, ya que están protegidos por la ley 3.302 que declara a esa zona como Paisaje Protegido. A su vez, había conseguido un permiso para deforestar 150 hectáreas y sin embargo habrían talado 350.
Se impulsa una ley para regularizar la situación. Mientras el Gobierno mira para otro lado, multimillonarios extranjeros se quedan con lagos, reservas naturales y hasta pueblos. Buenos Aires también está en la mira de empresarios foráneos
Los problemas en la Argentina tienden a repetirse. A diario los medios hablan sobre el crecimiento de los hechos de inseguridad, la falta de empleo, el aumento de la inflación y los tarifazos. Sin embargo, lejos de estos -graves por cierto- problemas cotidianos, crece otro que pone en riesgo el futuro de los recursos naturales y del patrimonio de los argentinos: crece la comercialización de tierras con empresas y particulares extranjeros en todos los rincones del país. Crece, sin freno, un país en venta.
Los diarios más prestigiosos de Estados Unidos ofrecen entre sus avisos clasificados estancias y tierras en el sur del país. Uno de los ejemplos más claros es la oferta de 21 mil hectáreas, con 17 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico en Río Grande, Tierra del Fuego. “Está ubicado en un paraíso fiscal, con beneficios estables y grandes ganancias”, subraya el aviso. Duele por la forma en que se rifan los recursos naturales. Pero duele más porque es real.
En la actualidad hay entre 20 y 25 millones de hectáreas argentinas en manos de extranjeros, y por los terrenos que están actualmente a la venta la cifra podría trepar a los 30 millones en breve.
Los informes suelen dar cuenta de la compra de tierras en la Patagonia, donde además quedan incluidos lagos completos. O pueblos originarios que son incluidos en ventas de territorios en Cuyo o el norte argentino. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tampoco es ajena a este problema. El grupo italiano Paoletti compró en 1994 su primer campo en Coronel Suárez. Actualmente, ya cuenta con 13 mil hectáreas repartidas en las estancias El Cóndor, La Pepita, Santa Rita, San Marcos, San Luis y San Andrés, en Suárez y Coronel Pringles. El “encantamiento” del grupo empresario por el suelo bonaerense no se detuvo allí. De tanto ir a Sierra de la Ventana y alojarse en el Hotel Provincial decidió comprarlo. “Hace rato que invierten en la zona, están diversificados
Muy reservados
Más allá de la diferencia de paisajes y territorios, los extranjeros que llegan al país por una porción de tierra tienen una característica que los une. “Son muy reservados y celosos de su propiedad”, contó un productor rural del sur bonaerense, quien de todos modos aclaró que a los italianos “no se los ve mucho por el campo”. Suelen contratar gente para que se los maneje y trabaje la tierra. El grupo Benetton, famoso por ser uno de los primeros en copar la Patagonia, estuvo involucrado en la compra de tierras dentro de la Provincia. “Se habló en algún momento de Necochea”.
Corrientes Un extraño filántropo que busca agua
Las reservas de agua dulce, uno de los tesoros más preciados por la escasez que se espera de aquí a unos años, parecen ser el principal blanco de los inversionistas extranjeros. Douglas Tompkins, empresario estadounidense es una de las muestras más acabadas de esto. La polémica con este extranjero se generó cuando el por entonces subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, rompió el alambrado y se metió en los terrenos propiedad de Tompkins en la provincia de Corrientes. El empresario amenazó con presentar una denuncia, pues su intención de comprar estancias, que incluía los Esteros del Iberá, una de las principales reservas de agua del país, era con fines filantrópicos.
Lo cierto es que más allá de la imagen de protector del medioambiente que quiso dar a los argentinos en aquel entonces, Tompkins también se apoderó del Acuífero Guaraní, capaz de proveer de agua a 6 mil millones de personas durante varias décadas.
Por otra parte, haciendas San Eugenio es un nuevo nombre de un emprendimiento extranjero en los Esteros del Iberá, en Paraje Yahaveré. Esta nueva denominación suena un poco más agradable que la anterior, Forestal Andina, pero las consecuencias siguen siendo igual de catastróficas. Un fallo histórico de la Suprema Corte obligó a la firma a demoler un terraplén de 24 kilómetros que había decidido construir, avasallando tierras protegidas. No sólo aún se mantiene firme, sino que además las denuncias contra la empresa crecieron: ahora la acusan de robo de tierras en la Reserva Provincial Esteros del Iberá. La organización Salvemos al Iberá reveló “que un sector fiscal de una franja de 1.107,06 hectáreas ubicada sobre la costa de la Laguna Medina” está en posesión de Haciendas San Eugenio.
Patagonia Benetton, precursores de la entrega
Los Benetton, que tienen una fortuna estimada en 1,5 billones de dólares, llegaron a la Argentina a inicios de la década del ‘90, cuando el menemismo comenzaba a aflorar. Luciana, Gilberto, Giuliana y Carlo hoy ostentan más de 900 mil hectáreas, repartidas entre las estancias “Pilcañeu”,
“Alicura”, “Lelequen”, “El Maiten”, “Coronel” y “Cóndor”. Los empresarios textiles elaboran el 10% de su producción de lana en estas tierras. Pero lejos de ser “agradecidos” por las bondades argentinas y las facilidades recibidas durante la etapa más cruda del neoliberalismo, los Benetton impusieron otra marca suya en el país: el autoritarismo.
En principio despidió casi al 50% del personal que trabajaba en sus tierras, en su mayoría peones rurales de la comunidad mapuche. Luego redobló la apuesta: contrató grupos especiales para reducir los derechos básicos de las comunidades mapuches, que quedaron “encerradas” dentro de sus tierras. Más simple: echar a esos “intrusos”.
Río Negro Alambres y pistas de aterrizaje
El multimillonario inglés Joe Lewis es uno de los que más avanzó en los últimos años en la compra de tierras. Lago Escondido es un espejo de agua cristalina en Río Negro. Hoy tiene dueño: el acceso a ese lago forma parte de las 18 mil hectáreas que adquiró Lewis en la zona, lejos del glamour que poseían sus emprendimientos más públicos, como el Hard Rock Café y Planet Hollywood, con socios de la talla de Sylvester Stallone, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger.
Es lógico que esté prohibido por ley que quien compre una belleza natural como Lago Escondido pueda alambrarla y privar a todos los rionegrinos de ese recurso natural. Más lógico aún es que esta gente no respete las leyes: el alambrado alrededor de Lago Escondido se mantiene inmutable, pese a las órdenes judiciales que ordenan quitarlo.
En el otro extremo de esa provincia, Lewis tiene otro de sus refugios en la Argentina, Playas Doradas, un sitio a 30 kilómetros de Sierra Grande. Allí, Lewis tiene otro de sus “orgullos”: una pista de aterrizaje de tamaño casi idéntico a la del aeropuerto internacional de Bariloche. “Es una locura y cuenta con la aprobación de la Fuerza Aérea, o sea del Estado Nacional. En este caso, Lewis también cerró un viejo camino que conduce a un sector que le permite a los “pulperos” obtener su sustento diario con la captura de moluscos. El inglés sólo permite que lleguen hasta su “costa”, más virgen que la de Sierra Grande, caminando por la playa. Son “apenas” 16 kilómetros, lo cual hace imposible que los trabajadores puedan cumplir con su tarea allí.
Neuquén De CNN a Traful
Ted Turner, fundador de la CNN, es reconocido en Estados Unidos por su capacidad de trabajo, su verborragia y por su apodo: “El bocón del sur”, en inglés, claro está.
Este polémico personaje es otro de los que buscó tierras en la Argentina, que visita dos o tres veces por año, con alguno de sus hijos. La estancia “La Primavera”, de 4.400 hectáreas ubicada en Villa Traful, Neuquén, fue su primera adquisición. Y al igual que muchos de sus compatriotas, y extranjeros que se instalan en el país, Turner supuso que con el dinero de la compra ya estaba todo solucionado, todo era de él. Así, no tuvo ningún tapujo en alambrar una buena parte del Río Traful. La voracidad de este empresario de los medios por las riquezas naturales no se detuvo en la tranquilidad del Traful. Luevo, avanzó con otras 8 mil hectáreas, en la estancia “San José”, Río Grande. Y pateó el tablero con las casi 50 mil hectáreas que posee en “Collón Curá”, ubicada entre Confluencia y Junín de los Andes (Neuquén).
Turner es el vicepresidente de AOL Time Warner, compañía nacida de la fusión de dos verdaderos colosos: el gigante americano de internet America Online y el conglomerado de empresas de comunicación Time Warner.
La Rioja y Catamarca Tierra con pueblo incluido
Buscan en los avisos, miran el mapa, sacan el cheque y se quedan con todo. Esa parece ser la forma de operar que tienen los empresarios extranjeros que vienen por la tierra argentina. El holding italiano Nettis Impianti dio muestra de ello a mediados de los ‘90, cuando compró 418 mil hectáreas en La Rioja con un pequeño detalle: “adentro” había un pueblo de 500 habitantes.
Algo similar ocurrió en la pequeña localidad El Recre, perteneciente al departamento de La Paz, en Catamarca. Allí, la empresa norteamericana fabricante de helicópteros compró cerca de 117 mil hectáreas, con 300 familias adentro. En este caso quedó claro la puja y disputa de intereses, cuando surgió el proyecto para expropiar cerca de la mitad y devolverle la tierra a sus propietarios “naturales”, aquellos que vivieron toda la vida allí. Las posturas fueron encontradas, hasta se escuchó a un concejal sostener que el reclamo de la gente era justo, pero no les correspondían más de 10 hectáreas.
Misiones También por la madera
La empresa chilena Alto Paraná concentra actualmente el 6% del territorio misionero. No se instaló allí para tener cerca las magníficas Cataratas de Iguazú, sino que fue en busca de algo más terrenal: la madera. Según organizaciones ecologistas que trabajan allí, la empresa violó tratados en su voracidad por la madera. Y aportaron datos concretos. La empresa habría talado 100 de los 200 metros de selva ubicada a la vera del lago Uruguaí, que deben quedar en pie, ya que están protegidos por la ley 3.302 que declara a esa zona como Paisaje Protegido. A su vez, había conseguido un permiso para deforestar 150 hectáreas y sin embargo habrían talado 350.
LEY DE GLACIARES
EL PORQUE DE LA LEY DE PROTECCION DE GLACIARES
(AW)El periodista Javier Rodríguez Pardo, integrante de la RENACE, nos ilustra sobre la importancia de la Ley de Protección de los Glaciares, y todo el camino que derivó en su aprobación.
El por qué de la ley de protección de glaciares ¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?
ANTECEDENTES
Hemos conseguido una ley de protección de glaciares, impensada hasta ayer. La ley de la entonces diputada Marta Maffei, que había sido vetada por la presidente de la nación, Cristina Kirchner, reingresó al recinto de los debates parlamentarios de la mano del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, en tanto bloques opositores al oficialismo, formados con el ingreso de nuevos legisladores en diciembre de 2009, le quitaron mayoría en la cámara baja al partido gobernante.
En este marco hubo dos proyectos de ley: el encomendado por la presidente Fernández de Kirchner al senador Daniel Filmus y el "clonado" por el diputado Miguel Bonasso, sostenidos ambos por el texto de la diputada mandato cumplido Marta Maffei. Los dos eran semejantes y coincidían en esgrimir presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, aunque uno de ellos deslizaba conceptos sutiles que los enfrentaba. En el del senador, el ambiente periglacial era únicamente el glaciar de escombros y reducía considerablemente el área crítica a proteger que defendía el texto de los diputados.
De pronto, de manera sorpresiva, un par de días antes de la discusión en el recinto del Congreso, las partes se reúnen y el proyecto del poder ejecutivo es incorporado al que había sido vetado por la presidente de la nación, aún mejorado en cuanto a objeto, definiciones, actividades prohibidas, evaluación de impacto ambiental, autoridades competentes, funciones y disposición transitoria. Resultaba insólito para muchos de nosotros que, reunidos con los diputados, analizábamos la novedosa maniobra del gobierno. ¿Nueva estrategia para evitar la discusión minera? En principio, vemos los resultados como un triunfo del pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas a lo largo y ancho del país.
No hubo legislador que, defendiendo el proyecto de ley en el fragor del debate en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones y movilizaciones que permitieron instalar la discusión sobre las invasiones mineras, los métodos extractivos contaminantes y el despojo lacerante de cuanto recurso natural hay en nuestros territorios, en realidad bienes comunes. Vemos entonces la ulterior vigencia de esta ley como un triunfo resonante del campo popular. La cuestión de la mega minería hidroquímica a cielo abierto se instaló en todo el país.
LA LEY Y SUS ACTORES
Podemos dar por sancionada la ley en tanto el congresista Daniel Filmus confirmó que será apoyada por el senado nacional, y allí el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, anunciaba la decisión de la presidente de la nación de no vetar la nueva ley sea cual fuere la remitida por el Congreso.
Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar esto, qué conclusión sacamos de esta cronología política a poco del almuerzo que la presidente de la nación sostuvo con el mentor de la corporación minera Barrick Gold en Toronto? ¡Los acuerdos de Toronto! ¿Cómo explicar la abroquelada sociedad que este conjunto de partes interesadas mantiene con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja? ¿Cómo se interpreta el discurso de la presidente en China, ofreciendo generosamente la minería, territorios y yacimientos?
Nuestra respuesta es la de siempre. Quien esto escribe ha dicho en reiteradas ocasiones que es preferible no contar con ley alguna, a disponer de aquella que legitimará operar en la Cordillera de los Andes -ecosistema frágil y fábrica de nuestras aguas- a industrias como la extractiva a cielo abierto con compuestos tóxicos.
Algunos pensamos que la mejor ley de protección de glaciares, cualquiera sea, no resuelve el impacto nocivo de la minería, la destrucción del ecosistema donde opera a través de sus distintas etapas de prospección, exploración o explotación. Alcanza con no pecar de ignorancia y repasar cada una de las etapas de esta minería, el método extractivo, los volúmenes de agua que requiere, el funcionamientos de equipos pesados, orugas gigantescas sobre cuerpos congelados, sondajes y muestreo de suelos, sondajes de aguas subterráneas, de prospección minera, pozos para desagüe minero, para geoenergía, exploración de recursos sobre las áreas que se pretende proteger. Son todas circunstancias previas a la propia explotación minera donde el impacto será aún mayor.
PARA ESTA MINERÍA NO HAY CONTROLES. NO HAY POSIBILIDAD DE VIGILANCIAS EFICACES
Este tipo de minería, en el ecosistema que se intenta proteger, no es sostenible en el tiempo y legislar sobre el particular, tal el caso presente, puede permitir legalizar la intervención de glaciares, del ambiente periglacial y cuerpos de hielo.
EL AGUA
Sabemos que mientras escribimos estas líneas se están derritiendo glaciares para lixiviar minerales del lado chileno, según confesión de senadores y autoridades de ese país, donde el cobre -de baja ley mineral, agotándose- recibe más atenciones que el agua, escasa y ausente en muchísimos sitios de la puna mineral. Sin agua, no hay minerales e, inexorablemente, al promediar este siglo estas regiones no tendrán ni una cosa ni la otra. Pretender el traslado del líquido potable, de pozos salteños de Argentina hacia La Escondida de Antofagasta, en Chile, con dos acueductos de 3.000 litros de agua por segundo, cada uno, ratifica lo que advertimos aquí: "Nosotros -dijo el congresista trasandino- no podemos sancionar la ley que ustedes pretenden... Tenemos que derretir masa glaciar para obtener el cobre..."
Razonar sobre esto es inevitable. ¿Acaso los gobiernos extractivistas de Argentina, cámaras mineras, empresas transnacionales, renuncian a operar del lado argentino, aceptando el rigor de esta inminente ley? Creemos que los posibles litigios rondarán interpretaciones legales según les convenga. Y seguramente abundarán en las secretarías de minería provinciales, que son la autoridad de aplicación de la actividad minera, evaluaciones permisivas de los informes de impacto ambiental, admitiendo la intervención en las áreas prohibidas, pero autorizando a tal o cual empresa con la sentencia de que su actividad "no afecta la condición natural del glaciar", ni el deambular por él "implica su destrucción", tampoco moverlo del lugar, porque para utilizar el agua que lo contiene no se requiere "trasladarlo ni interferir en su avance": rezarán los informes de las mineras.
Imaginamos entonces un diálogo posible entre un funcionario decente (con esta ley en la mano) y un gerente minero:
- Señor, Ud. está destruyendo "ese cuerpo protegido"
- De ninguna manera. Tomamos nieve suficiente sin afectar "su condición natural". No se me prohíbe intervenirlo; en realidad "no destruyo la condición natural del cuerpo protegido".
- Pero hizo sondajes.
- Sí, claro, en lugares donde no altero su condición natural... Tampoco lo trasladamos de lugar... No interferimos en su avance".
En fin, cosas que habrá que probar, porque estas discusiones legales se repetirán en provincias acostumbradas a conformar evaluaciones de impacto ambiental abusivas e injustas.
En otras palabras, mientras la autoridad de aplicación se halle en manos de los gobiernos provinciales, los Gioja, Beder Herrera o Castillo rubricarán los informes de impacto ambiental presentados por las empresas, aprobando sus labores mineras. ¿Acaso no multó la provincia de San Juan a Barrick Gold por derrame de combustibles en áreas a proteger, en plena reserva de biosfera de San Guillermo, condenando a la canadiense con 250.000 pesos, que nunca pagó?. Recordemos que es como el día y la noche, el informe de impacto ambiental aprobado para iniciar la actividad y la finalización de la explotación minera.
De modo que nos esperan otros objetivos urgentes. Reemplazar las leyes mineras vigentes, el código de minería y atacar decididamente el tratado binacional minero de implementació n conjunta chileno-argentino. Es la única manera de respaldar la ley de protección de glaciares y área periglacial. Vamos por más.
Eran las tres de la madrugada y en plena sesión del congreso nacional, algunos diputados provinciales gritaron desaforadamente: "los glaciares son míos, están en mi territorio". Otros recurrieron a dicotomías centralistas, intentando rememorar a federales y unitarios. No faltó la perturbación de un diputado sanjuanino que fundamentaba la escasez del agua explicando que había que hacer minería, ignorando que se requiere no menos de mil litros de este elemento impregnado de ácido sulfúrico o de cianuro para lixiviar las rocas metalíferas y deslizando con habilidad dolosa que se usa más agua para la agricultura que para la mega minería a cielo abierto.
Abundaron barbarismos de todo tipo y los proferidos por el diputado Gioja, hermano del gobernador feudal, eran los más relevantes: "El agua se limpia y se recicla en nuestra minería", dijo el proveedor de las mineras, y lo proclamó sin inmutarse. Hubiéramos deseado en ese momento que de algún sector de la contienda se le dijera que la propia transnacional informó (IIA) que consumirá 360 litros por segundo, noche y día, los 365 días del año durante 15 ó 20 años de explotación de los yacimientos. "Esa cantidad ¿la reciclan, la limpian? ¿dónde se deposita?"
Concluir que es preferible no contar con ley alguna significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros.
Vale la pena recordar nuestra respuesta a los parlamentarios de Ottawa que habían tejido un proyecto de ley (C-300) convencidos de que controlarían a sus mineras en el extranjero:
- Usted las va a legitimar. Esta minería no se puede controlar -se le dijo.
- ¿Qué propone, entonces? me pregunta John Mac Kay.
- Que se retiren. Queremos que se vayan.
Esta es francamente la posición de todas las comunidades afectadas por la invasión transnacional y corporativa del despojo. La respuesta que le dimos al legislador canadiense es la misma que proponemos aquí frente a la inminencia de la ley de protección de glaciares y área periglacial.
¿De qué sirve entonces la ley que nos ocupa?
Creemos que es una herramienta vital a utilizar por los movimientos sociales y en debates públicos. La ley nos permitirá ejercer un observatorio permanente que atienda a su cumplimiento y nos obliga a exigir el acatamiento del artículo séptimo de evaluación de impacto ambiental que expresa: "deberá respetarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 de la Ley general del Ambiente". Impulsar esta norma es fundamental.
Esta ley nacional, esta regla que esperamos entre en vigencia cuanto antes, nos permitirá exigir en todas las provincias y municipios el rechazo de cualquier legislación que sobre el particular (glaciares y periglaciares) sancionen las provincias con intención de evadir el texto y espíritu de la presente, continuando de ese modo con la habitual promiscuidad extractiva.
En definitiva, la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial no prohíbe las actividades mineras en la cordillera, precordillera y estribaciones, pero es uno de los triunfos más resonantes logrados por nuestros colectivos sociales, el poder de las asambleas, la unión y el esfuerzo conjunto de comunidades que están siendo judicializadas y reprimidas. Vamos por más.
Es imprescindible lograr la abolición de la actual legislación minera y se está en ese camino; por eso merecen un reconocimiento especial los legisladores que en el Congreso Nacional están promoviendo leyes que revoquen las instauradas en la década de los ‘90. Ratifiquemos una vez más el aplauso que brindamos en el recinto a aquellos congresistas (sin dar nombres para evitar injustas omisiones) que en la madrugada del 15 de julio sostenían públicamente que este debate a nivel nacional se debe a la unión de múltiples asambleas que en todo el territorio del país oponen una resistencia desigual sin renunciamientos.
Reconozcamos con ponderación a los compañeros de las distintas asambleas del interior y de la capital del país que se concentraron desde horas tempranas aguantando el frío reinante, a quienes incomprensiblemente se les negó la entrada al recinto de sesiones. Muchos se trasladaron de lugares lejanos, del litoral y del noroeste, del sur rionegrino y del Andalgalá catamarqueño.
Mas de doscientos compañeros ejercieron una presión que no fue desconocida. Iban rotando en la puerta del congreso nacional y a las cinco de la madrugada aún discutíamos en las calles el levantamiento de la sesión cuando un par de diputados del PRO y del Frente para la Victoria impedían el quórum en plena discusión del artículo sexto del proyecto de ley de protección de glaciares y área periglacial.
La Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, sesionará del 13 al 16 de agosto en Santiago del Estero. El día 12 habrá un foro en el paraninfo de la Universidad santiagueña; será el lugar adecuado para continuar el debate y búsqueda de nuevas estrategias porque cada vez son más los pueblos que resisten y se rebelan enfrentando a lacayos serviles de corporaciones que diezman territorios, devastan contaminando y saquean. Los ámbitos institucionales también merecen un gran esfuerzo de todos nosotros. Discutamos cómo hacerlo. No dejemos un solo espacio, no les demos respiro.
Enviado a Ipodagua por Javier Rodríguez Pardo.--
Nora Palancio Zapiola. Asesora de prensa Humberto Tumini (Libres del Sur).
(AW)El periodista Javier Rodríguez Pardo, integrante de la RENACE, nos ilustra sobre la importancia de la Ley de Protección de los Glaciares, y todo el camino que derivó en su aprobación.
El por qué de la ley de protección de glaciares ¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?
ANTECEDENTES
Hemos conseguido una ley de protección de glaciares, impensada hasta ayer. La ley de la entonces diputada Marta Maffei, que había sido vetada por la presidente de la nación, Cristina Kirchner, reingresó al recinto de los debates parlamentarios de la mano del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, en tanto bloques opositores al oficialismo, formados con el ingreso de nuevos legisladores en diciembre de 2009, le quitaron mayoría en la cámara baja al partido gobernante.
En este marco hubo dos proyectos de ley: el encomendado por la presidente Fernández de Kirchner al senador Daniel Filmus y el "clonado" por el diputado Miguel Bonasso, sostenidos ambos por el texto de la diputada mandato cumplido Marta Maffei. Los dos eran semejantes y coincidían en esgrimir presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, aunque uno de ellos deslizaba conceptos sutiles que los enfrentaba. En el del senador, el ambiente periglacial era únicamente el glaciar de escombros y reducía considerablemente el área crítica a proteger que defendía el texto de los diputados.
De pronto, de manera sorpresiva, un par de días antes de la discusión en el recinto del Congreso, las partes se reúnen y el proyecto del poder ejecutivo es incorporado al que había sido vetado por la presidente de la nación, aún mejorado en cuanto a objeto, definiciones, actividades prohibidas, evaluación de impacto ambiental, autoridades competentes, funciones y disposición transitoria. Resultaba insólito para muchos de nosotros que, reunidos con los diputados, analizábamos la novedosa maniobra del gobierno. ¿Nueva estrategia para evitar la discusión minera? En principio, vemos los resultados como un triunfo del pueblo y de las comunidades organizadas en asambleas a lo largo y ancho del país.
No hubo legislador que, defendiendo el proyecto de ley en el fragor del debate en el recinto parlamentario, no hiciera referencia a las asambleas y a la unión de estas, a los foros, concentraciones y movilizaciones que permitieron instalar la discusión sobre las invasiones mineras, los métodos extractivos contaminantes y el despojo lacerante de cuanto recurso natural hay en nuestros territorios, en realidad bienes comunes. Vemos entonces la ulterior vigencia de esta ley como un triunfo resonante del campo popular. La cuestión de la mega minería hidroquímica a cielo abierto se instaló en todo el país.
LA LEY Y SUS ACTORES
Podemos dar por sancionada la ley en tanto el congresista Daniel Filmus confirmó que será apoyada por el senado nacional, y allí el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, anunciaba la decisión de la presidente de la nación de no vetar la nueva ley sea cual fuere la remitida por el Congreso.
Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar esto, qué conclusión sacamos de esta cronología política a poco del almuerzo que la presidente de la nación sostuvo con el mentor de la corporación minera Barrick Gold en Toronto? ¡Los acuerdos de Toronto! ¿Cómo explicar la abroquelada sociedad que este conjunto de partes interesadas mantiene con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja? ¿Cómo se interpreta el discurso de la presidente en China, ofreciendo generosamente la minería, territorios y yacimientos?
Nuestra respuesta es la de siempre. Quien esto escribe ha dicho en reiteradas ocasiones que es preferible no contar con ley alguna, a disponer de aquella que legitimará operar en la Cordillera de los Andes -ecosistema frágil y fábrica de nuestras aguas- a industrias como la extractiva a cielo abierto con compuestos tóxicos.
Algunos pensamos que la mejor ley de protección de glaciares, cualquiera sea, no resuelve el impacto nocivo de la minería, la destrucción del ecosistema donde opera a través de sus distintas etapas de prospección, exploración o explotación. Alcanza con no pecar de ignorancia y repasar cada una de las etapas de esta minería, el método extractivo, los volúmenes de agua que requiere, el funcionamientos de equipos pesados, orugas gigantescas sobre cuerpos congelados, sondajes y muestreo de suelos, sondajes de aguas subterráneas, de prospección minera, pozos para desagüe minero, para geoenergía, exploración de recursos sobre las áreas que se pretende proteger. Son todas circunstancias previas a la propia explotación minera donde el impacto será aún mayor.
PARA ESTA MINERÍA NO HAY CONTROLES. NO HAY POSIBILIDAD DE VIGILANCIAS EFICACES
Este tipo de minería, en el ecosistema que se intenta proteger, no es sostenible en el tiempo y legislar sobre el particular, tal el caso presente, puede permitir legalizar la intervención de glaciares, del ambiente periglacial y cuerpos de hielo.
EL AGUA
Sabemos que mientras escribimos estas líneas se están derritiendo glaciares para lixiviar minerales del lado chileno, según confesión de senadores y autoridades de ese país, donde el cobre -de baja ley mineral, agotándose- recibe más atenciones que el agua, escasa y ausente en muchísimos sitios de la puna mineral. Sin agua, no hay minerales e, inexorablemente, al promediar este siglo estas regiones no tendrán ni una cosa ni la otra. Pretender el traslado del líquido potable, de pozos salteños de Argentina hacia La Escondida de Antofagasta, en Chile, con dos acueductos de 3.000 litros de agua por segundo, cada uno, ratifica lo que advertimos aquí: "Nosotros -dijo el congresista trasandino- no podemos sancionar la ley que ustedes pretenden... Tenemos que derretir masa glaciar para obtener el cobre..."
Razonar sobre esto es inevitable. ¿Acaso los gobiernos extractivistas de Argentina, cámaras mineras, empresas transnacionales, renuncian a operar del lado argentino, aceptando el rigor de esta inminente ley? Creemos que los posibles litigios rondarán interpretaciones legales según les convenga. Y seguramente abundarán en las secretarías de minería provinciales, que son la autoridad de aplicación de la actividad minera, evaluaciones permisivas de los informes de impacto ambiental, admitiendo la intervención en las áreas prohibidas, pero autorizando a tal o cual empresa con la sentencia de que su actividad "no afecta la condición natural del glaciar", ni el deambular por él "implica su destrucción", tampoco moverlo del lugar, porque para utilizar el agua que lo contiene no se requiere "trasladarlo ni interferir en su avance": rezarán los informes de las mineras.
Imaginamos entonces un diálogo posible entre un funcionario decente (con esta ley en la mano) y un gerente minero:
- Señor, Ud. está destruyendo "ese cuerpo protegido"
- De ninguna manera. Tomamos nieve suficiente sin afectar "su condición natural". No se me prohíbe intervenirlo; en realidad "no destruyo la condición natural del cuerpo protegido".
- Pero hizo sondajes.
- Sí, claro, en lugares donde no altero su condición natural... Tampoco lo trasladamos de lugar... No interferimos en su avance".
En fin, cosas que habrá que probar, porque estas discusiones legales se repetirán en provincias acostumbradas a conformar evaluaciones de impacto ambiental abusivas e injustas.
En otras palabras, mientras la autoridad de aplicación se halle en manos de los gobiernos provinciales, los Gioja, Beder Herrera o Castillo rubricarán los informes de impacto ambiental presentados por las empresas, aprobando sus labores mineras. ¿Acaso no multó la provincia de San Juan a Barrick Gold por derrame de combustibles en áreas a proteger, en plena reserva de biosfera de San Guillermo, condenando a la canadiense con 250.000 pesos, que nunca pagó?. Recordemos que es como el día y la noche, el informe de impacto ambiental aprobado para iniciar la actividad y la finalización de la explotación minera.
De modo que nos esperan otros objetivos urgentes. Reemplazar las leyes mineras vigentes, el código de minería y atacar decididamente el tratado binacional minero de implementació n conjunta chileno-argentino. Es la única manera de respaldar la ley de protección de glaciares y área periglacial. Vamos por más.
Eran las tres de la madrugada y en plena sesión del congreso nacional, algunos diputados provinciales gritaron desaforadamente: "los glaciares son míos, están en mi territorio". Otros recurrieron a dicotomías centralistas, intentando rememorar a federales y unitarios. No faltó la perturbación de un diputado sanjuanino que fundamentaba la escasez del agua explicando que había que hacer minería, ignorando que se requiere no menos de mil litros de este elemento impregnado de ácido sulfúrico o de cianuro para lixiviar las rocas metalíferas y deslizando con habilidad dolosa que se usa más agua para la agricultura que para la mega minería a cielo abierto.
Abundaron barbarismos de todo tipo y los proferidos por el diputado Gioja, hermano del gobernador feudal, eran los más relevantes: "El agua se limpia y se recicla en nuestra minería", dijo el proveedor de las mineras, y lo proclamó sin inmutarse. Hubiéramos deseado en ese momento que de algún sector de la contienda se le dijera que la propia transnacional informó (IIA) que consumirá 360 litros por segundo, noche y día, los 365 días del año durante 15 ó 20 años de explotación de los yacimientos. "Esa cantidad ¿la reciclan, la limpian? ¿dónde se deposita?"
Concluir que es preferible no contar con ley alguna significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros.
Vale la pena recordar nuestra respuesta a los parlamentarios de Ottawa que habían tejido un proyecto de ley (C-300) convencidos de que controlarían a sus mineras en el extranjero:
- Usted las va a legitimar. Esta minería no se puede controlar -se le dijo.
- ¿Qué propone, entonces? me pregunta John Mac Kay.
- Que se retiren. Queremos que se vayan.
Esta es francamente la posición de todas las comunidades afectadas por la invasión transnacional y corporativa del despojo. La respuesta que le dimos al legislador canadiense es la misma que proponemos aquí frente a la inminencia de la ley de protección de glaciares y área periglacial.
¿De qué sirve entonces la ley que nos ocupa?
Creemos que es una herramienta vital a utilizar por los movimientos sociales y en debates públicos. La ley nos permitirá ejercer un observatorio permanente que atienda a su cumplimiento y nos obliga a exigir el acatamiento del artículo séptimo de evaluación de impacto ambiental que expresa: "deberá respetarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 de la Ley general del Ambiente". Impulsar esta norma es fundamental.
Esta ley nacional, esta regla que esperamos entre en vigencia cuanto antes, nos permitirá exigir en todas las provincias y municipios el rechazo de cualquier legislación que sobre el particular (glaciares y periglaciares) sancionen las provincias con intención de evadir el texto y espíritu de la presente, continuando de ese modo con la habitual promiscuidad extractiva.
En definitiva, la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial no prohíbe las actividades mineras en la cordillera, precordillera y estribaciones, pero es uno de los triunfos más resonantes logrados por nuestros colectivos sociales, el poder de las asambleas, la unión y el esfuerzo conjunto de comunidades que están siendo judicializadas y reprimidas. Vamos por más.
Es imprescindible lograr la abolición de la actual legislación minera y se está en ese camino; por eso merecen un reconocimiento especial los legisladores que en el Congreso Nacional están promoviendo leyes que revoquen las instauradas en la década de los ‘90. Ratifiquemos una vez más el aplauso que brindamos en el recinto a aquellos congresistas (sin dar nombres para evitar injustas omisiones) que en la madrugada del 15 de julio sostenían públicamente que este debate a nivel nacional se debe a la unión de múltiples asambleas que en todo el territorio del país oponen una resistencia desigual sin renunciamientos.
Reconozcamos con ponderación a los compañeros de las distintas asambleas del interior y de la capital del país que se concentraron desde horas tempranas aguantando el frío reinante, a quienes incomprensiblemente se les negó la entrada al recinto de sesiones. Muchos se trasladaron de lugares lejanos, del litoral y del noroeste, del sur rionegrino y del Andalgalá catamarqueño.
Mas de doscientos compañeros ejercieron una presión que no fue desconocida. Iban rotando en la puerta del congreso nacional y a las cinco de la madrugada aún discutíamos en las calles el levantamiento de la sesión cuando un par de diputados del PRO y del Frente para la Victoria impedían el quórum en plena discusión del artículo sexto del proyecto de ley de protección de glaciares y área periglacial.
La Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, sesionará del 13 al 16 de agosto en Santiago del Estero. El día 12 habrá un foro en el paraninfo de la Universidad santiagueña; será el lugar adecuado para continuar el debate y búsqueda de nuevas estrategias porque cada vez son más los pueblos que resisten y se rebelan enfrentando a lacayos serviles de corporaciones que diezman territorios, devastan contaminando y saquean. Los ámbitos institucionales también merecen un gran esfuerzo de todos nosotros. Discutamos cómo hacerlo. No dejemos un solo espacio, no les demos respiro.
Enviado a Ipodagua por Javier Rodríguez Pardo.--
Nora Palancio Zapiola. Asesora de prensa Humberto Tumini (Libres del Sur).
sábado, 22 de mayo de 2010
AUDIENCIA PUBLICA
POR UN TREN PARA EL PUEBLO
LLEGAMOS AL CONGRESO
Martes 1 de junio, 15 hs.
AUDIENCIA PÚBLICA EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN
- LLevando más de 900.000 firmas de todos los pueblos y ciudades del país!
- Llevaremos la propuesta de un TREN PARA TODOS para sumarlo a todos los proyectos de los diferentes grupos y y organiozaciones y poder presentar el mejor Proyecto de Ley al congreso de la Nación.
- Presentarremos las firmas con una MOVILIZACION nACIONAL al Congreso, para defender la creación de una Empresa de Ferrocarriles de pasajeros y cargas Pública, Estatal, Nacional, FEDERAL, con participación de Usuarios y trabajadores!!!!
VIAJEMOS DESDE TODO EL PAIS.........
Y quienes no puedan viajar, organicen actividades simultáneas ese mismo día en cada pueblo y ciudad.
TENEMOS QUE ESTAR!!!!!!
a 200 años de la revolución inconclusa.....
"Festejemos" impulsando el Tren para el Pueblo
lunes, 15 de febrero de 2010
Dr Osvaldo Canellas. Círculo de abogados de San MIguel
En El programa de Proyecto Sur San Miguel, "Charlando con amigos" el prestigioso vecino y abogado, Dr Osvaldo Canellas, nos habla del foro y nos previene acerca de cómo actuar frente a situaciones de riesgos y cómo hacer denuncias de los hechos cuando no queremos dirigirnos a la comisaría.
Nos cuenta que con un atraso considerable, la Ley Provincial Nº 12.154 promulgada hace ya aproximadamente 10 años fue la que impulsó a los vecinos a participar de los Foros Vecinales de Seguridad del distrito de San Miguel, creados para denunciar y señalar el mapa del delito.
Un impulso que puede cobrar la importancia que el tema merece.
Tras algunos casos resonantes en Jurisdicción de la Comisaría Segunda, la situación siempre candente en cuanto a la zona de influencia de la Comisaría Tercera y la actividad nocturna que le compete a la Seccional Primera de la Policía de la Provincia en San Miguel está haciendo que los Foros Vecinales vuelvan a generar interés.
Pero hay un dato diferenciador de dos meses a esta parte, y que no es menor: aparentemente son los propios vecinos los que están impulsando el protagonismo (con resquemores, dudas y las propias inseguridades que el tema conlleva) de este tipo de organización local, burocrática si se quiere, pero necesaria a la hora de elevar quejas y diseñar el –famoso- mapa del delito para intentar mayor prevención.
En las reuniones semanales de los Foros los vecinos se van sumando y son ellos mismos los que comienzan a tomar conciencia que debemos participar en un tema que no le es ajeno a nadie y que depende de nosotros que el Estado responda a sus obligaciones señalando los errores, las falencias y las omisiones.
El Foro Vecinal de la Primera, por tomar un caso, ha fijado el calendario de reuniones para los días miércoles, en distintos horarios para facilitar la participación de los vecinos. En un primer momento, atento a que el impulso lo dio la Municipalidad, las reuniones se daban en ese marco, pero los propios integrantes decidieron cambiar el ámbito –para tomar distancia también del Estado al que deben controlar- y el lugar de reuniones se trasladó a la Cámara de Comercio e Industria del distrito, en la calle Sarmiento, lo que tomaron como un paso cierto en un trabajo que comienza a tener seriedad.
La participación comunitaria se efectiviza en la actuación de los foros vecinales de seguridad y en los foros municipales de seguridad.
El conductor Julio Batalla nos da el detalle de los integrantes del foro, quienes representan a la Iglesia, el Presbítero Gustavo Manrique; en representación del Foro de Seguridad Vecinal de la Jurisdicción 1ª, Marcelo Coppola; al Foro de Seguridad Vecinal de la Jurisdicción 2ª, Hugo Martínez; al Foro de Seguridad Vecinal de la Jurisdicción 3ª, Miguel Leiva; a la Cámara de Comercio de San Miguel, Horacio Gowland; a Vecinos de Tribulato en Alerta, Juan Groisar; Centro de Excombatientes 2 de Abril, José Ochoa; a la Sociedad Italiana, José Bianco; a la SUTERH de San Miguel, Eduardo Acevedo; al Círculo de Abogados, Dr. Osvaldo Cañellas; al Rotary Club Bella Vista, Francisco Quaglia; y de la Asociación Veteranos de la Patria, el Comandante Mayor Fernando Rodríguez.
Un impulso que puede cobrar la importancia que el tema merece.
Tras algunos casos resonantes en Jurisdicción de la Comisaría Segunda, la situación siempre candente en cuanto a la zona de influencia de la Comisaría Tercera y la actividad nocturna que le compete a la Seccional Primera de la Policía de la Provincia en San Miguel está haciendo que los Foros Vecinales vuelvan a generar interés.
Pero hay un dato diferenciador de dos meses a esta parte, y que no es menor: aparentemente son los propios vecinos los que están impulsando el protagonismo (con resquemores, dudas y las propias inseguridades que el tema conlleva) de este tipo de organización local, burocrática si se quiere, pero necesaria a la hora de elevar quejas y diseñar el –famoso- mapa del delito para intentar mayor prevención.
En las reuniones semanales de los Foros los vecinos se van sumando y son ellos mismos los que comienzan a tomar conciencia que debemos participar en un tema que no le es ajeno a nadie y que depende de nosotros que el Estado responda a sus obligaciones señalando los errores, las falencias y las omisiones.
El Foro Vecinal de la Primera, por tomar un caso, ha fijado el calendario de reuniones para los días miércoles, en distintos horarios para facilitar la participación de los vecinos. En un primer momento, atento a que el impulso lo dio la Municipalidad, las reuniones se daban en ese marco, pero los propios integrantes decidieron cambiar el ámbito –para tomar distancia también del Estado al que deben controlar- y el lugar de reuniones se trasladó a la Cámara de Comercio e Industria del distrito, en la calle Sarmiento, lo que tomaron como un paso cierto en un trabajo que comienza a tener seriedad.
La participación comunitaria se efectiviza en la actuación de los foros vecinales de seguridad y en los foros municipales de seguridad.
El conductor Julio Batalla nos da el detalle de los integrantes del foro, quienes representan a la Iglesia, el Presbítero Gustavo Manrique; en representación del Foro de Seguridad Vecinal de la Jurisdicción 1ª, Marcelo Coppola; al Foro de Seguridad Vecinal de la Jurisdicción 2ª, Hugo Martínez; al Foro de Seguridad Vecinal de la Jurisdicción 3ª, Miguel Leiva; a la Cámara de Comercio de San Miguel, Horacio Gowland; a Vecinos de Tribulato en Alerta, Juan Groisar; Centro de Excombatientes 2 de Abril, José Ochoa; a la Sociedad Italiana, José Bianco; a la SUTERH de San Miguel, Eduardo Acevedo; al Círculo de Abogados, Dr. Osvaldo Cañellas; al Rotary Club Bella Vista, Francisco Quaglia; y de la Asociación Veteranos de la Patria, el Comandante Mayor Fernando Rodríguez.
El Municipio sanmiguelino puso empeño en colaborar a diseñar el mapa del delito y en el sitio web se puede colaborar (http://www.msm.gov.ar) aportando datos sobre:
- Acciones antisociales o molestias en determinadas esquinas o sectores;
- Falta de luz por donde circulan generalmente los vecinos y es aprovechado por malvivientes para actos delictivos o escondites; Pastos altos o arbustos que cumplen la misma función del punto anterior;
- Falta de patrullas policiales en su
- sector;
- Abusos de todo tipo contra el vecino;
- Lugares de reuniones en donde se
- producen actos reñidos contra la ley o
- buenas; costumbres;
- Desarmaderos de autos;
- Ventas de drogas o alcohol en lugares u horarios no reglamentados…
Una buena intención que queda allí si no se logra bajar el formulario para poder completarlo, una falencia habitual en la navegación virtual pero que, principalmente en estos temas, debe estar resuelto de manera inmediata.
Como alternativa los vecinos de San Miguel pueden contactarse a la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Seguridad y Control de Ordenamiento Urbano al Teléfono 4451-5842 o por correo electrónico a dir_relac_comunidad@msm.gov.ar, señalando el motivo, el lugar del hecho, el horario en que generalmente se produce, si la comisaría de la zona conoce su inquietud.
“La presente (denuncia) no será tomada como denuncia formal sino que será motivo de seguimiento y comprobación”, prometen desde el Municipio.
También para los vecinos que no deseen hacer la denuncia en la comisiaría, otra alternativa es dirigirse a la Fiscalia, la cual se halla ubicada detrás del "Polo" en Malvinas Argentinas.
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